Tal vez no haya instituciones más complejas que los colegios. Allí convergen centenares de niños y niñas de diversas edades, cada uno con su propia historia de vida personal y familiar, con expectativas que en general nadie conoce y maestros con trayectorias profesionales heterogéneas y niveles de formación muy diferentes. La misión que corresponde a estos conglomerados humanos es la formación integral de cada uno de quienes llegan allí porque tienen un derecho que la sociedad debe garantizar a plenitud.
Parte de ese derecho es tener acceso al legado cultural de la humanidad mediante el aprendizaje de la lengua, el conocimiento de su historia, el lenguaje de la ciencia y el dominio básico de la matemática. Pero esto no es lo único. Tan importante como este acceso al conocimiento es su desarrollo físico, ético, estético y social. Los niños deben aprender desde los primeros años a relacionarse con los otros, construir su autoestima, desarrollar su autonomía emocional e intelectual, explorar y desarrollar sus talentos naturales y avanzar en la difícil tarea de encontrar un camino que les dé algún significado a sus vidas, aun en las condiciones más hostiles.
Para que todo esto sea posible, hace falta que los colegios se desarrollen como instituciones para la convivencia y el aprendizaje, teniendo en cuenta la inmensa diversidad de quienes las integran, y esa responsabilidad recae en buena parte en sus directivos y maestros. Entre todos deben propiciar condiciones de respeto, productividad, sentido de pertenencia, participación activa y un profundo sentido ético que propicie la construcción de valores ciudadanos perdurables.
Los rectores, en este contexto, son fundamentales en el desarrollo de una educación de calidad. Así lo ha entendido la Fundación Compartir, que después de estimular la excelencia de los maestros, a través del premio que ha otorgado anualmente, tomó la decisión de premiar a los mejores rectores del país a partir del próximo año.
Es claro que el Estado no ha hecho la tarea como le corresponde en lo que concierne a la formación y apoyo de quienes dirigen los colegios donde estudian más de seis millones de niños y jóvenes. No hay programas de formación avanzada, ni procesos de evaluación y estímulos. En cambio, se les asignan responsabilidades académicas, de seguridad ciudadana, de manejo fiscal, de control disciplinario.
El 30 de mayo, la Fundación organizó el lanzamiento del premio al rector y quiso hacerlo con un acto académico de la mayor importancia. Con más de un mes de anticipación recibí la invitación a un foro al que habían confirmado su asistencia la Ministra, el director de Planeación y dos exministros recientes. Tengo que decir que mi sorpresa fue mayúscula cuando dos horas antes me informaron que el foro no se haría, pues la doctora Campo, el doctor Santamaría y el doctor Lloreda habían cancelado su asistencia al evento a última hora. No entiendo cómo tres altos funcionarios del Gobierno dejan con los crespos hechos a más de 600 educadores que habíamos confirmado nuestra asistencia. ¿Hubiera sucedido lo mismo si fueran banqueros convocados por Anif o empresarios comprometidos con los planes del Gobierno invitados por la Andi?
Pareciera que las políticas de calidad tan cacareadas en los medios de comunicación no ameritan ningún debate público y que los educadores siempre podrán esperar unos años hasta que haya tiempo para atenderlos. Ya en la noche, en un acto cultural menguado por el desplante, la Ministra volvió a hablar de sus planes de calidad como si después de dos años de gestión no fuera hora de empezar a mostrar resultados. Cada vez parece más evidente que algo no funciona bien en el Ministerio.
Francisco Cajiao
fcajiao11@gmail.com
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